Vergonzoso y peligroso acto de Alan García Pérez, quien demuestra estar en campaña política y no distinguir entre su afán de volver al poder y una de sus mayores responsabilidades como líder y político democrático: educar y enseñar a respetar los derechos humanos.

Las recientes declaraciones del señor García muestran claramente dos cosas: una confirmación de su tendencia al oportunismo y una falta de respeto por la institucionalidad democrática del Perú. Ambas revelan irresponsabilidad como persona que se ha visto favorecida con la posibilidad de tener un alto nivel educativo pues, estoy segura, conoce los impedimentos legales para que se reinstale la pena de muerte en el Perú, así como los argumentos y evidencias que señalan que la pena de muerte no es una medida disuasoria de la criminalidad sino, por el contrario, es factor indispensable para generar una escalada de la violencia y la inseguridad.

El señor García aprovecha del dolor ajeno para hacer política y proselitismo: se presentó al funeral del joven Carlos Enrique Burgos Gonzales para dar declaraciones a favor del establecimiento de la pena de muerte, en lugar de exigir que se esclarezcan los hechos que llevaron a su lamentable asesinato y se castigue con toda la fuerza de la ley a las personas culpables. Sin embargo, el segundo asunto es peor. El señor García, sabedor del limitado conocimiento del público peruano respecto de los derechos humanos y sobre el valor de las medidas preventivas – sociales, situacionales y comunitarias – para mejorar la seguridad ciudadana, se dejó seducir por la vía fácil, apelando a la ignorancia.

El Perú es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); adhesión ratificada en 1978. El artículo cuarto de la CADH, Derecho a la Vida, indica en su inciso tercero que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido, como es el caso del Perú. Debe recordarse también que en el Perú los tratados internacionales tienen rango constitucional. Pero no sólo existe un impedimento legal para que el Estado peruano reinstale la pena de muerte, también debe considerarse que es poco probable que un proyecto de ley de esta naturaleza sea acogido por el Congreso, ya sea por cuestiones políticas inmediatas como por la necesidad de consolidar la imagen de país respetuoso de los derechos humanos que ha ido construyendo el Perú.

Pero el problema no termina ahí. En los países donde existe la pena de muerte la evidencia no indica que ayude a disminuir la incidencia de asesinatos. Una mirada a los países que la ejecutaron en 2012, de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, es delatora: Afganistán, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bangladesh, Bielorrusia, Botsuana, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Gambia, India, Irak, Irán, Japón, Pakistán, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Taiwán y Yemen. En casi todos los casos se trata de países poco respetuosos de los derechos humanos, donde existen altas tasas de violencia y criminalidad.

En el caso particular de los Estados Unidos, único país americano que registra ejecuciones en 2012, la pena de muerte está teñida por la discriminación de hecho contra las minorías y las personas pobres, que en general carecen de recursos para acudir al sistema de justicia. Por otro lado, diversos estudios muestran un aumento en el número de casos de personas sentenciadas a la pena de muerte que son exoneradas por haberse demostrado su inocencia: de las 116 exoneraciones reportadas desde la reinstalación de la pena de muerte (1973) hasta el 2004, 56 son posteriores a 1997. En promedio, estas personas sufrieron 9 años de encarcelamiento. El alto costo que significa mantener una medida cuestionada, discriminatoria, poco efectiva y con la posibilidad real de ser aplicada a personas inocentes, es un riesgo que la sociedad está cada vez menos dispuesta a asumir: cada vez es menor el apoyo que esta medida tiene entre el público y los líderes políticos de ese país (Centro de Información sobre la Pena de Muerte).

La semana pasada la noticia del racismo que aún campea entre los peruanos le dio la vuelta al mundo. Las declaraciones del señor García refuerzan la imagen de un Perú irrespetuoso de la democracia y los derechos humanos. Es crucial que nos explique cómo una medida como la pena de muerte mejorará la seguridad ciudadana: con argumentos, con estadísticas, con evidencia. Existen y son abundantes los que señalan lo contrario. Es hora de que demuestre que respeta al pueblo peruano y deje la demagogia en casa.